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Urgen a aprobar sistema anticorrupción ante irregularidades en sector vivienda

 

La diputada local Dunia Ludlow urgió a aprobar el Sistema Local Anticorrupción en la capital, a fin de combatir los sobornos que generan un sobreprecio en la venta de vivienda.

Expuso que la corrupción provoca un sobreprecio de cinco por ciento en la venta de vivienda, lo que representa 2.5 mil millones de pesos anuales pagados a sobornos para agilizar un trámite o para evadir la normatividad urbana.

«Nos quedan 42 días para aprobar el esqueleto que dará paso a nuestro Sistema Local Anticorrupción, no es una reforma menor y debemos tener el tiempo suficiente para analizarla y discutirla», advirtió.

La presidenta de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa mencionó que de acuerdo con sondeos realizados por esta instancia, una manifestación de construcción tipo A que debería entregarse en 100 días hábiles, tarda hasta 300; y la tipo B que se obtendría en 145 días, se entrega hasta en 428 días.

La legisladora expuso que el Estudio sobre la Integridad en México la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que la corrupción acarrea un alto costo económico para el país, al incrementar los costos de hacer negocios, disuadir inversiones y obstaculizar la productividad.

«Es urgente contar el instrumento que detecte, persiga y denuncie la corrupción. La inversión económica en la Ciudad está en riesgo, los ciudadanos, empresarios y la sociedad civil merecen una mejor capital donde el soborno no sea el común denominador», enfatizó.

Además, en calidad de integrante de la Comisión de Transparencia a la Gestión recalcó que se necesitan reformas para fincar responsabilidades penales y administrativas.

Al igual que el Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema local debe contar con un Comité Coordinador, que se conformará por un Consejo de Participación Ciudadana.

Asimismo, deberán participar los titulares de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; de una Fiscalía o Unidad de Combate a la corrupción; de la Contraloría; un representante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; y el presidente del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.

A su vez, el Consejo de Participación Ciudadana deberá integrarse por cinco ciudadanos que serán evaluados por una Comisión de Selección.

 

Redacción unomásuno

unomásunomx@gmail.com

D.R. unomásuno, UTV 2017

 

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