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Sin pruebas, EU solicitó la extradición de funcionarios mexicanos

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

De manera tajante, categórica y sin tapujos, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, sostiene que el actual fiscal de los Estados Unidos, William Barr, es muy dado a realizar imputaciones y armas expedientes contra funcionarios mexicanos sin sustento y base legal alguna, como lo acredita la solicitud que hace años le hiciera el estadounidense para que extraditara a Manuel Bartlett Díaz, Juan Arévalo Gardoqui y Enrique Álvarez del Castillo, quienes se desempeñaron como secretarios de Gobernación y Defensa Nacional, así como titularf de la extinta PGR.

En videoconferencia, el también exprocurador general de justicia del entonces Distrito Federal, sostiene que el actual fiscal estadounidense, quien se afirma llevó a prisión al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, estructura expedientes criminales sin pruebas contundentes, sólo con indicios, y que ahora lo hace con mensajes en Blackberry, esto en clara alusión al caso de Cienfuegos Zepeda, aprehendido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California.

El también conocido y prestigiado Notario Público, actividad que realiza desde hace varios años, recordó en la conferencia virtual “Reflexiones sobre el Enjuiciamiento del General Salvador Cienfuegos”, organizada por “Mexicanos por México”, que cuando fungió como procurador general de la República se reunió en San Antonio, Texas, con William Barr, su homólogo; el director de la Agencia Antidrogas, Roberto Bonner y el jefe del Buró Federal de Investigaciones, William Sessions, quienes le solicitaron la detención y extradición de los ahora exfuncionarios mexicanos.

“Me reuní con el procurador americano, William Bar, con el jefe del FBI, William Sessions y con el director de la DEA, Robert Bonner y me solicitaron que México extraditara a Manuel Bartlett, Enrique Álvarez del Castillo y a Juan Arévalo, a quienes culparon de ser los autores intelectuales del asesinato de Camarena, pero no tenían pruebas.

El procurador Barr es muy dado a armar expedientes con indicios, ni si quiera con pruebas y evidencias, sino con indicios, como los que se han comentado ahora de mensajes de BlackBerry, llamadas telefónicas, pero que muchas veces no tienen sustento», asentó.

Subrayó que desde los operativos realizados en 1984 en el rancho El Búfalo, ubicado en la sierra del estado de Chihuahua, donde se destruyeron entre ocho mil y 10 mil toneladas de mariguana y el caso Camarena, la Agencia Antidrogas estadounidense ha tenido la clara intención de cobrar venganza contra el Ejército Mexicano.

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