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Por violación a la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público, se amparan contra cancelación de NAIM


Para evitar obras en Santa Lucía

Ciudadanos presentaron un amparo en contra de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco y para evitar obras en Santa Lucía.

En el litigio en materia de responsabilidad hacendaria, cuyo número de expediente es el 55/2019 se argumenta que funcionarios de la actual Administración desde legisladores, hasta el Presidente y su Gabinete violaron la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público al cancelar este proyecto que implicaba la inversión pública plurianual.

El encargado de presentarlo fue el abogado Alberto García Ruvalcaba, quien indicó que la demanda de amparo fue interpuesta en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo con sede en Zapopan, Jalisco.

«He presentado la demanda de amparo contra la cancelación del aeropuerto (…) en mi opinión, y así lo argumento en la demanda, el Gobierno viola la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público (134 Constitución), al derrochar arbitrariamente el erario. Todos los contribuyentes somos afectados», expuso Ruvalcaba.

En la carpeta del 10 de enero de 2018, los quejosos advierten sobre afectaciones a la economía del País y justifican su intervención en el caso con el hecho de que contribuyen al gasto público de la Federación y el Estado al pagar impuestos directos e indirectos.

Para constatar lo anterior, en el archivo entregado adjuntan la declaración anual rendida al Servicio de Administración Tributaria, así como con la constancia de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

De forma específica, en la querella se reclama al Presidente de la República la suspensión, pese a que el proyecto había sido previamente autorizado en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2015 a 2018.

Y que la decisión de cambiar la sede de construcción haya sido tomada tras una consulta realizada en su carácter de Presidente electo entre el 25 y el 28 de octubre de 2018, acto que -apuntan- no estuvo apegado a la ley.

En la demanda, también se menciona al Secretario de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo Federal, a la titular de la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal, al Secretario de Comunicaciones y Transportes; la Cámara de Diputados; el administrador del proyecto de inversión plurianual Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, identificado con clave 1409JZL0005 en la Cartera y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y al administrador del proyecto de inversión plurianual Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Se refiere que la cancelación del proyecto aeroportuario se tomó sin haber realizado previamente un análisis de costos y beneficios, «ni ningún otro estudio que determinara conforme a criterios eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez la racionalidad de dicho cambio, conforme lo exige el principio constitucional de responsabilidad hacendaria».

Sin embargo, el 14 de enero, el Juez Décimo Tercero en Materia Administrativa en Zapopan, Gelacio Villalobos Ovalle, se declaró incompetente para conocer de este amparo, que por tanto no ha sido admitido a trámite.

Está pendiente que un juez de otro circuito, seguramente de la Ciudad de México, reciba el expediente y determine, primero, si considera que es competente para llevar el caso.

Hecho lo anterior, este juez tendrá que resolver si desecha el amparo por improcedente o si lo admite y, en este caso, si concede una suspensión contra la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

Lo anterior es poco probable porque el quejoso en esta demanda no sufrió alguna expropiación ni afectación directa a su patrimonio con la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco.

Si el nuevo juez también se declara incompetente, se producirá un conflicto competencial entre ambos jueces, que tendría que ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito en plazo de dos a tres meses.

Mientras se resuelve el conflicto competencial, el amparo estaría congelado y en el limbo, pues no estaría ni admitido a trámite ni desechado.

Redacción unomásuno

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D.R. unomásuno, UTV 2019