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MÁS DE LA GUARDIA NACIONAL

Decíamos en colaboración anterior que en México la Guardia Nacional data de los inicios de nuestra vida independiente y que el referente nos venía de Francia. Se le llamó aquí inicialmente Milicias Locales o Cívicas porque dependían de los ayuntamientos, y aunque en su origen funcionaban como una organización democrática, al cabo del tiempo se dio la facultad de designar a sus jefes y oficiales al presidente y al Senado. Así se dispuso en la Constitución Federal de 1824 y así se le mantenía en el proyecto de Constitución liberal de 1842, cuya promulgación impidió Santa Anna, y es la primera que la incorpora con el nombre de Guardia Nacional entre las obligaciones de los ciudadanos.

José María Luis Mora la veía como una extensión del “pernicioso espíritu militar“.
Benito Juárez era, en cambio, de los que valoraban a la Guardia como una institución de la democracia y la República. El atribuía su corrupción al control que sobre ella ejercían los presidentes, y como los demás liberales, al triunfo de la revolución de Ayutla, le dio gran impulso, mientras que al Ejército regular lo trató de acotar, reduciendo no sólo sus fueros sino su presupuesto. Lo que informó al Congreso el 9 de mayo de 1861, al anunciar que “se han dictado las medidas convenientes para la pronta reorganización de la Guardia Nacional, de modo que sea el apoyo de las instituciones sin causar gravamen al erario”.
Por eso, los constituyentes de 1857, tratando de recuperar la vocación civilista y federalista de la Guardia, devolvieron a los ciudadanos la facultad de elegir libremente a sus jefes y oficiales y dieron a los estados la facultad de instruirla.
Un rasgo distintivo importante de la Guardia, en relación con el Ejército, es ese, que se trata de una organización eminentemente ciudadana, no profesional, no onerosa ni permanente, y además democrática. Y así, tal cual, la conservaron los constituyentes de 1917, y desde entonces los diputados radicales como Francisco J. Múgica, Ignacio Ramos Praslow y Amílcar Vidal, entre otros, pugnaron mucho por su restauración como un freno al militarismo. Justo lo que hizo el presidente Lázaro Cárdenas al relanzar la iniciativa de organización de la Guardia Nacional dentro de su programa de gobierno, como parte de una gran reforma militar que buscaba reasignar la misión del Ejército a las tareas sociales, y así lo explicó en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1934:
La abnegación del Ejército debe ser correspondida no solamente con la estimación de las sociedades que han encontrado en él un escudo, ni sólo con el aplauso del pueblo que tiene en él un reflejo constante de sus aspiraciones y un baluarte decidido de sus conquistas, sino con progreso positivo del orden material que eleve su bienestar y su decoro y con nuevas ideas que fortifiquen su espíritu, dándole funciones sociales y disciplinas más de acuerdo con sus características humanas esencialmente constituida para proteger y salvaguardar el desenvolvimiento económico, intelectual y moral del pueblo.
“Haremos que el Ejército obtenga como beneficio que la Ley de Disciplina del Ejército y la Armada y la Ordenanza General del Ejército abroguen todas aquellas disposiciones que prohíben al subalterno, (soldado, clase y oficial) recurrir libremente ante sus superiores jerárquicos y otra autoridad competente, haciendo representaciones en pos de su mejoramiento personal o para exponer quejas contra sus superiores inmediatos, por lesiones recibidas en sus intereses privados o en su dignidad de hombres.
“Nuestro Ejército seguirá identificándose con los núcleos obreros y campesinos en sus actividades sociales y en las diferentes fases de su lucha de clases; ambos grupos proletarios son la matriz de donde toma el Ejército Nacional sus más valiosos elementos y, unido a campesinos y obreros, constituye las reservas de energía con que se renueva constantemente la fuerza nacional de cuyas fuentes han de brotar muy pronto nuevos grupos de milicias locales que, constituyendo la Benemérita Guardia Nacional, asuma los múltiples servicios de seguridad regional, que hoy gravitan sobre el Ejército de línea, para que éste pueda disponer de suficientes elementos económicos para realizar su mejoramiento y perfeccionar su instrucción, así como para que el Gobierno constituido logre eliminar el nuevo reducto de la reacción organizada bajo el nombre de Guardias Blancas y que, por circunstancias especiales, se han venido colocando a guisa de pantalla entre la celosa vigilancia de los Poderes Públicos y los bastardos intereses que defienden en contra de las aspiraciones populares”.
Ese es el origen de las Defensas Rurales, enmarcadas en el decreto del 12 de Febrero de 1936, que creó el Departamento de Reservas del Ejercito, y en la circular No. 64 de la Secretaria de Guerra y Marina, del 5 de Octubre de 1936, mediante el cual se dispuso la organización del personal de Defensas Rurales en forma similar a las Unidades de Tropa del Ejercito. Era parte, insistimos, de la reforma militar que Cárdenas tenía en mente; pero se atravesó la II Guerra y ya no pudo avanzar más. Esa misma reforma era la que proponía en 1951 el general Henríquez Guzmán. Todo lo cual debiera ser parte de la reflexión a que invita la nueva iniciativa que se lanza ahora, por lo que de trascendente implica. Y no olvidar, sobre todo, que el paradigma nacional –o por lo menos el de la corriente liberal y progresista- nunca ha sido el militarismo, la ampliación de las tareas del Ejército. Es el civilismo.
Podrá apelarse, desde luego, a los referentes nuevos de la Guardia Nacional pero sin olvidar las lecciones de nuestra propia historia. Está el de Francia, por ejemplo, que desarrolló un nuevo concepto de la Guardia Nacional, derivado de la necesidad de enfrentar el terrorismo, creado en su forma actual en 2016 a raíz de los atentados de 2015, como un dispositivo compuesto de mujeres y hombres voluntarios que participan, paralelamente a su vida civil, en la reserva de los ejércitos de Tierra, Marina y Aire, de la Gendarmería y de la Policía Nacional Francesa, dirigidos por un comité directivo integrado por el ministerio de Defensa y el ministerio del Interior. Nada que ver con la anterior, disuelta en 1871, que apoyó la Comuna de París.
Otro referente moderno es el de la República Bolivariana de Venezuela que implicó que la Guardia Nacional fuera elevada a rango constitucional en 1999 por Hugo Chávez, y a partir de 2014 fuera parte decisiva de una nueva política militar que implicó, entre otras cosas, un papel más activo del Ejército, la recuperación incluso de los derechos políticos de los militares, y una centralización del control a cargo del presidente de la República.
Es decir, que el riesgo aquí no es solamente reproducir la misma estrategia de los últimos 12 años con otro nombre sino romper con una tradición y un paradigma históricos. ¿O es que habrá llegado el momento de hacerlo?
Francisco Estrada Correa

unomásunomx@gmail.com

D.R. unomásuno, UTV 2018