Inicio / Columna uno / LA HAYA PODRÍA INVESTIGAR A PEÑA NIETO Y COMPINCHES

LA HAYA PODRÍA INVESTIGAR A PEÑA NIETO Y COMPINCHES

 

 

No habrá “acto de corrupción” que pueda frenar acusaciones

Todo nos podríamos haber imaginado, queridos lectores, menos que la Corte Internacional de La Haya aceptara analizar la denuncia OTP-CR 348/17 que en contra del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, se presentara por corrupción sistemática y crímenes de lesa humanidad. Pero llama la atención que no se trata de “analizar”, sino que esta demanda ha sido aceptada, lo que derivaría en que Peña Nieto será el primer ex presidente de México que sería juzgado por La Haya.
Es de comentarse que la denuncia por corrupción sistemática corresponde a su colusión con Grupo Higa, empresa “creada” para beneficio de unos cuantos, donde el principal “accionista” (sic), Juan Armando Hinojosa Cantú, quien, de chofer, se convirtió en uno de los “empresarios” más poderoso de la administración peñista, mientras éste fungió como gobernador del Estado de México, y posteriormente durante la Presidencia de la República que Peña Nieto encabezó hasta el pasado 1 de diciembre.
Pero también han sido incluidos los que, para propios y extraños, fueron grandes escándalos de la administración peñista, como OHL y Odebrecht.
Al respecto, hemos de comentar que mucha información pudo haberle faltado al Congreso Ciudadano para integrar la denuncia por corrupción sistemática en contra de Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores, toda vez que, no sólo Hinojosa Cantú fue su “cómplice” en dichos actos, sino que, además, tipos como Gerardo Ruiz Esparza, Luis Videgaray Caso, Luis Enrique Miranda Nava, Rosario Robles Berlanga, David López Gutiérrez, Enrique Martínez y Martínez y Renato Sales Heredia, mucho se beneficiaron con los cargos asignados por Peña Nieto, durante su administración, sobre todo como jefe del Ejecutivo Federal, hechos que fueron tan visibles que, para éstos se volvieron “actividades de su vida cotidiana”, mientras que el pueblo mexicano, en general, batallaba con la carencia de beneficios y servicios que el entonces presidente Enrique Peña había prometido.
“Corrupción sistemática”, definida como el uso sistemático y generalizado de la institución publica para la obtención de un beneficio privado, reduciendo la calidad y la cantidad de los servicios prestados. En este caso, se dan patrones de conductas corruptas ascendentes, que hacen que el sistema dependa de la corrupción para su propia supervivencia. Los niveles de corrupción llegan a oficiales públicos de alto nivel que toman decisiones sobre contratos públicos o grandes proyectos. La corrupción se extiende como norma en el sistema y la impunidad protege a toda la institución corrupta.
En sociedades con una corrupción sistémica, si bien las normativas legales existen, no se cumplen. Los casos de corrupción se dan con frecuencia y por lo general quedan impunes. Se sabe que el soborno es ilegal; sin embargo, se asume como práctica usual en las relaciones con el sector público. En la corrupción sistémica existen incentivos perversos muy enraizados en la función pública, donde el sector privado y los usuarios de los sistemas públicos en vez de combatirlos por los costos que supone para toda la sociedad, prefieren convivir con ellos porque le resulta más fácil que pretender cambiarlos. Esta situación por lo general ocurre tanto a nivel nacional como a nivel local, y no es exclusivo de un país solamente.
Luego de la denuncia presentada contra Peña Nieto ante la Corte Interamericana de La Haya (por cierto, desde 2016), y luego de conocer la definición de “corrupción sistemática”, no hay mucho que explicar respecto al porqué se tomó ese camino para demandar, el cual inició en realidad, el pasado 6 de diciembre cuando el Congreso Nacional Ciudadano fue notificado que las acusaciones contra el ex presidente y sus colaboradores serían sometidas a evaluación para resolver si son atraídas por la Corte y con ello, iniciar una investigación que, de ser así, no habrá quien salve a quienes formaron parte de esa administración, toda vez que, de querer “salvarse de ésta”, tendrían -los señalados- que acudir a un “nuevo acto de corrupción”, lo cual sería “apretarse la soga que ya llevan al cuello” y, si La Haya resuelve que las acusaciones son de su competencia, comenzarían una investigación contra el ex mandatario y quienes resulten responsables que, dicho sea de paso, serían todos aquellos que colaboraron con éste durante los últimos 12 años. Recordemos que muchos de los que le apoyaron como gobernador del Estado de México, fueron atraídos a la Federación, para seguir vigentes dentro de la función pública.
En lo que a delitos de lesa humanidad se refiere la segunda denuncia, han sido considerados, cuando se sabe que es crimen de lesa humanidad -o contra la humanidad-, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos reconocidos en el mundo como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause grandes sufrimientos intencionales o atenten de gravedad contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Entonces, esta segunda denuncia respalda la necesidad de juzgarle (a Peña Nieto) por casos como los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; las 22 ejecuciones en Tlatlaya; otros 22 ejecutados más en Tanhuato, Michoacán, hecho que al igual que en Tlatlaya, intervinieron fuerzas públicas federales y que, a pesar de las “promesas” del ex titular de la Comisión de Seguridad Nacional, el tristemente célebre Renato Sales Heredia, de “si la policía actuó mal en Tanhuato, aplicará sanciones”, éstas nunca se dieron a conocer, pues quedó claro que nunca fueron aplicadas, dejando este crimen, hasta hoy impune, como miles de casos ocurridos durante la administración peñista.
¿Y qué decir de Ostula?, donde una vez más las fuerzas armadas hicieron de las suyas cuando arremetieron contra comuneros. Los hechos sucedieron el 19 de julio de 2015, cuando habitantes de la comunidad de Santa María Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, protestaron por la detención de Semeí Verdía Zepeda, líder de las autodefensas de la región, arrestado en un operativo, en el que participaron integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad Pública de Michoacán. Que 15 militares hicieron uso ilegítimo de armas letales y violaron “el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas, y a la vida en agravio de un niño”.
En abril de 2015, otra masacre contra civiles se suscitó en Apatzingan, también en Michoacán, donde al menos 16 civiles de las autodefensas michoacanas fueron acribillados por la Policía Federal y no en un cruce de fuego, como lo aseguraron autoridades estatales.
Y en junio de 2016, otro acto similar. Resulta que en Nochixtlán, Oaxaca, nueve civiles más fueron también acribillados, 26 más resultaron gravemente heridos y decenas con lesiones menores, luego de que pobladores de varias localidades acudieron al llamado de auxilio de los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), grito de socorro que ni los disparos efectuados por elementos policiacos pudieron acallar.
Desde temprana hora, policías estatales y federales se dirigieron a Asunción Nochixtlán, municipio ubicado a una hora de la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de desalojar el bloqueo que los profesores mantenían en la autopista Oaxaca-México, pero los manifestantes se retiraron, lo que desconcertó a los uniformados.
Minutos después, los maestros regresaron, y alrededor de las 10:30 horas comenzó una refriega, en la que hubo disparos de arma de fuego de manera intermitente y en la que los docentes lograron replegar hasta en tres ocasiones a los agentes. El enfrentamiento se prolongó hasta después de las 15 horas.
Muertos y más muertos. México se convirtió en un “campo de batalla permanente”, donde cientos de hombres, mujeres y hasta niños han perdido la vida en una “guerra sin cuartel” que el gobierno de Peña Nieto nunca pudo sosegar. Si bien es cierto que muchos de esos muertos han sido adjudicados al narcotráfico en ese país, hay que reconocer que este gobierno corrupto, permitió en gran medida la operación de células criminales que, por “ganar espacios y plazas”, fueron capaces de “comprar la voluntad de elementos de todos los niveles de esta administración”, por lo que, esos decesos también corresponderá a Peña Nieto aclararlos, esto luego de que la Corte Interamericana de La Haya, haya hecho las investigaciones pertinentes sobre las denuncias presentadas contra el ex presidente de México.

 

TE INVITO A PARTICIPAR CONMIGO TODOS
LOS DÍAS, EN CAMBIANDO DE TEMA,
A TRAVÉS DE karina_rocha1968@yahoo.com.mx

D.R. unomásuno, UTV 2018