sábado, septiembre 18, 2021

Inicia FGJCM dos carpetas de investigación por homicidio, lesiones y daños en accidente en Línea 12

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició dos carpetas de investigación, por los delitos de homicidio, lesiones y daños por el colapso registrado en la interestación Tezonco-Olivo de la Línea 12 del Metro.

Advirtió que en el resultado de su investigación no importará la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables.

“La Fiscalía no se sujetará a cálculos políticos, ni se sumará a condenas mediáticas, ni fabricará culpables, pero tampoco realizará exoneraciones a modo”, afirmó su titular Ernestina Godoy.

En conferencia de prensa señaló que se lleva a cabo una investigación sólida y robusta para llegar a la verdad, encaminada a conseguir el castigo para quien resulte responsable, a la reparación integral del daño que significa la asistencia a las víctimas en todas las etapas del proceso y la garantía de no repetición de estos hechos.

Godoy dijo que se busca presentar a la opinión pública una sólida investigación sobre los acontecimientos del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro sobre las causas que lo ocasionaron, para lo cual se tiene un plan de investigación que se sustenta en la evidencia científica, en el rigor técnico y apego a la ley.

“Nos hemos fijado un plazo no mayor a seis semanas para presentar las primeras conclusiones de esta investigación y hoy asumimos el compromiso de informar de forma periódica sobre los avances de la investigación”, asentó.

El coordinador de asesores, Ulises Lara, explicó que hasta el momento el accidente registrado el pasado 3 de mayo ha dejado 26 personas fallecidas y 90 lesionadas, de las cuales 21 continúan hospitalizadas; así como daños a la infraestructura de la Línea 12 del Metro y a vehículos particulares.

Destacó se que tienen tres delitos claramente identificados, como son homicidio, lesiones y daños a la propiedad, por lo que el plan de trabajo tiene tres planteamientos básicos: uno, el derecho a la verdad tanto a las víctimas directas indirectas, y a la sociedad en su conjunto; y, segundo, establecer claramente las responsabilidades penales.

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