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INAI presume Ley General de Archivos que preservará la información pública

Con la entrada en vigor de la LGA se establecen los principios y bases generales para organizar, conservar y preservar los archivos de manera homogénea.

Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebró la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (LGA), la cual ayudará a preservar de manera correcta la información pública.

Con la entrada de la LGA, a partir de este 15 de junio, se establecen los principios y bases generales para organizar, conservar, administrar y preservar los archivos de manera homogénea en los tres órdenes de Gobierno.

Con ello, se aminora el descuido que ha tenido esta información en los últimos 50 años y que a la fecha el diagnóstico actual de los fondos documentales es “lamentable” por la ausencia de procesos y técnicas claras para su conservación.

En este contexto, el INAI y el Archivo General de la Nación convocan al foro Ley General de Archivos, Armonización e implementación, que tendrá lugar el lunes 17 de junio en las instalaciones del Archivo General de la Nación y el martes 18 en la sede de este Instituto.

El objetivo es presentar los avances de la estrategia que diseñaron el INAI y el AGN para la armonización de las leyes estatales con la LGA, así como discutir y analizar los retos para su implementación.

Javier Acuña señaló que la norma prevé la creación de un Sistema Nacional de Archivos, en el que la participación del INAI será determinante por ser el órgano encargado de supervisar de manera permanente la información contenida en el archivo de trámite, es decir, los documentos públicos generados a diario y que dejan registro del actuar de las instituciones.

-Obligaciones-

La LGA contempla como sujetos obligados a todas las instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal.

Entre las obligaciones prevé que todo servidor público al concluir su empleo, cargo o comisión debe garantizar a quien lo sustituya la entrega de archivos organizados, así como el deber de las instituciones de preservar los documentos sobre violaciones graves de derechos humanos y garantizar el acceso a los mismos.

-Sanciones-

La legislación establece un apartado de las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos; en su artículo 121, prevé que será sancionada con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que lleve a cabo las siguientes acciones:

Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo;

Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nación;

Traslade fuera del territorio nacional documentos que se consideren patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo General de la Nación;

Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos que se consideren patrimonio documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida del país, y destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación.

Redacción unomásuno

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