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Ex secretario de Finanzas del Comité Directivo del PRI y trabajador de César Duarte obtiene libertad condicional

 

 

Deberá depositar una garantía de 80 mil pesos y pagar una multa de 5 mil salarios mínimos

Un juez federal con residencia en Chihuahua ordenó libertad condicional de Pedro Mauli Romero Chávez, ex secretario de Finanzas del Comité Directivo del PRI en aquella entidad, por lo que este miércoles abandonó el penal estatal número 1 en Aquiles Serdán.

Al término del procedimiento abreviado, el impartidor de justicia le impuso al político priista una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión, al encontrarlo penalmente responsable de un delito electoral.

El 22 de agosto, el juez Javier Sáenz Torres, dentro de la causa penal 70/2018, condenó a Romero Chávez por haber recibido 14.6 millones de pesos provenientes de la retención mensual del 20 por ciento de las compensaciones de trabajadores de la administración de César Duarte; así como 63.8 millones desviados del erario de Chihuahua, mediante la simulación mensual de pagos a nómina.

La autoridad judicial, emitió el fallo condenatorio con acceso a libertad condicional, para lo cual Pedro Mauli deberá depositar una garantía de 80 mil pesos y pagar una multa de 5 mil salarios mínimos al momento de la comisión del delito, además de que se le impuso la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos por el mismo plazo de la sentencia.

Durante la audiencia, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva hasta en tanto se resuelve la apelación interpuesta por la Fiscalía Federal en relación a la reparación del daño y quede firme; por lo que le impuso el arraigo domiciliario y la restricción para salir del estado con la supervisión de la Policía Federal, dos días a la semana.

En una segunda causa penal, Romero Chávez fue acusado de omitir información ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que aseguró que el PRI no tuvo injerencia en las retenciones salariales a los trabajadores del gobierno estatal y que no recibió aportación alguna por parte del Ejecutivo.

En caso de ser encontrado culpable, podría ser acreedor a una condena de dos a seis años de prisión.

 

 

 

Redacción unomásuno

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D.R. unomásuno, UTV 2018