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‘El Mochomo’ regresa a la cárcel por delincuencia organizada y Arturo Rodríguez, por sobornos para ser liberado

José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue encarcelado nuevamente, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) le imputa delincuencia organizada y lo puso a disposición de un juez en Almoloya de Juárez, estado de México, al igual que a Arturo Rodríguez García, uno de sus abogados que participó en el soborno a funcionarios judiciales y consiguió que se dictara auto de libertad en junio pasado.

De esta manera la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, contará con más tiempo para presentar una acusación formal en contra de José Ángel Casarrubias, por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ya que, de acuerdo con información proporcionada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), junto con Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, ordenaron a los integrantes de Guerreros Unidos que los privaran de la vida en septiembre de 2014.

Durante la audiencia inicial un juez federal determinó mantenerlos en prisión oficiosa a ambos, por lo cual permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se localiza en Almoloya de Juárez, en el estado de México, y será hasta la semana próxima cuando se defina si los vincula a proceso, ya que sus abogados solicitaron la ampliación del plazo para presentar pruebas en contra de la imputación.

Funcionarios federales confirmaron que El Mochomo y uno de sus abogados, Arturo Rodríguez García, fueron acusados de cometer delincuencia organizada por hechos distintos a los que se se le imputó en 2014 a Casarrubias Salgado.

Respecto del litigante imputado Rodríguez García, fue señalado como el abogado que en junio de este año intervino ante funcionarios del juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, para que beneficiaran a José Ángel Casarrubias y se le concediera la libertad, al desechar pruebas aportadas por el Ministerio Público que acreditaban su liderazgo en el cártel de Guerreros Unidos y su participación en el tráfico de drogas.

El litigante –en acuerdo con la madre de José Ángel Casarrubias–habría entregado un monto de 2 millones de dólares a tres funcionarios judiciales para que se desecharan las pruebas y se dictara el auto de libertad.

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