lunes, junio 21, 2021

Directa y planeada la ejecución de Murrieta Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Cajeme

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

 

El “ataque mortal” de que fue objeto el exprocurador general de justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, fue “directo y planeado”, afirmó la Fiscalía General de Justicia sonorense, la que abrió dos líneas especiales de investigación para esclarecer los lamentables hechos.

Mientras la sociedad sonorense en general, pero la de Cajeme en particular, exigen a autoridades de los tres niveles de gobierno llegar al fondo de los hechos y proceder con toda energía contra los autores intelectuales y materiales del asesinato, autoridades ministeriales expusieron que una de las líneas de investigación se relaciona con las actividades profesionales del abogado y la otra por cuestiones electorales.

Sobre el particular, en nombre de las familias Lagnford, Miller y LeBarón, Adrián Lebarón, a quienes Murrieta Gutiérrez representaba legalmente en las investigaciones y juicios relacionadas con los homicidios de varios de sus familiares, exigió justicia y sostuvo que los hechos son un duro golpe a la justicia y el derecho, pero sobre todo a la integridad humana.

Se reiteró que con base en pruebas periciales, investigaciones, trabajos forenses y otras acciones se estableció que la ejecución del exfuncionario y candidato a la presidencia municipal de Cajeme fue “directo y planeado”, por lo que los sicarios no fallaron en su mortal, inmoral e inhumano cometido, el que no sólo enluta a Sonora, sino a México en general, donde a diario se hace un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para restablecer la seguridad y tranquilidad, al tiempo que se elimine la violencia.

De nueva cuenta, Movimiento Ciudadano hizo manifiesta su protesta por la inseguridad que se registra contra muchos de sus candidatos a cargos de elección popular, para quienes exigió seguridad y con ello garantizar la preservación de sus existencias, las que, como es el presente caso, siempre están “en la mira” de criminales que sólo buscan preservar sus canonjías y privilegios en la administración pública.

 

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