jueves, junio 17, 2021

De acuerdo a fallos del Poder Judicial, las promesas de tarjetas rosas no son contrarias a la ley electoral

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

 

“La distribución de propaganda electoral en formato de tarjeta, así como la existencia de dípticos y/o folletos relacionados con las promesas de campaña no resultan contrarias a la normatividad electoral, incluso cuando se adviertan espacios en blanco para escribir el nombre y la firma», consideraron autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Sala Regional Monterrey y Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En resoluciones contenidas en los expedientes PES-609/2018 del primer órgano jurisdiccional referido, SM-JE-5/2019 de la Sala Regional y SUP-REC-24/2019 de la Sala Superior, se establece lo anterior y se considera como válido que un candidato –a cargos de elección popular, como es el caso de Adrián de la Garza Santos, aspirante a la gubernatura de Nuevo León– prometa que, de verse favorecido con la mayoría de los votos, implementará algún programa de gobierno que implicará un beneficio tangible a algún sector de la población -otorgamiento de becas a estudiantes de bajos recursos, atención médica a mujeres embarazadas, etcétera”.

Acusado formalmente ante la Fiscalía General de la República de repartir la llamada Tarjeta Rosa para “comprar” votos de mujeres y clases marginadas, cuyo antecedente inmediato es la Tarjeta Regia”, la que implementó como presidente municipal de Monterrey, el abanderado del PRI y PRD a la gubernatura regiomontana sostiene que dicha imputación carece de fundamento y que ello lo acreditaron en su momento por las autoridades competentes. “La Tarjeta Rosa es la misma implementación que la Tarjeta Regia, la que se hace de manera respetuosa, sin contravenir norma electoral alguna”.

Se recordó que el once de diciembre de 2018 se presentó un escrito de queja contra Adrián Emilio de la Garza Santos, por la supuesta coacción del voto a través de la entrega de tarjetas (tarjeta regia), lo cual constituye una promesa de entrega de un beneficio en efectivo para las mujeres del municipio de Monterrey, Nuevo León. El partido actor consideró que dicha conducta tenía como propósito generar registros o padrones de posibles beneficiarios fomentando con ello la creación de una red clientelar, buscando obtener una influencia indebida ante el electorado.

Con base en lo anterior, el tribunal responsable del caso, en sentencia, determinó que eran inexistentes las infracciones atribuidas a Adrián De la Garza Santos, consistentes en coacción al voto y la elaboración de un padrón de beneficiarios, toda vez que no existen elementos de prueba que permitan concluir que la oferta de la «tarjeta regia» estuviera destinada a beneficiarios específicos. Se estima que la Tarjeta presentada a los medios de comunicación es un plástico de la Regia, no de la Rosa, como ahora pretender hacerle creer a las personas.

Además, considero que es válido que un candidato prometa que, de verse favorecido con la mayoría de los votos, implementará algún programa de gobierno que implicará un beneficio tangible a algún sector de la población. De igual forma, la Sala Superior ha considerado que «la distribución de propaganda electoral en formato de tarjeta, así como la existencia de dípticos y/o folletos relacionados con las promesas de campaña no resultan contrarias a la normatividad electoral, incluso cuando se adviertan espacios en blanco para escribir el nombre y la firma».

Se destacó que el tribunal correctamente determinó que la «tarjeta regia» –ahora Tarjeta Rosa–  contiene una promesa de campaña, que no constituyó la entrega / oferta de un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato ni de un bien o un servicio. La tarjeta es de cartón y no cuenta con un dispositivo alguno o chip con el que pudiera llevarse a cabo alguna transferencia de dinero o el cobro de alguna prestación a través de un sistema electrónico; por lo cual, no puede concluirse que la entrega de la tarjeta por sí misma es la entrega de un beneficio, por lo tanto, no genera la presunción de presión al electorado.

 

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