jueves, mayo 6, 2021

Con la aprobación de la Ley Cannábica, podrían recuperar su libertad 18 mil reos

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

 

La determinación del Senado de la República de postergar hasta septiembre los trabajos para ratificar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, afecta directamente a 18 mil internos de los penales del país, quienes podrían obtener su libertad por haber sido detenidos con menos cantidad de la permitida por la normatividad, lo que, además, ocasiona a las autoridades gastos mensuales por mil 800 millones de pesos en la manutención de quienes se encuentran privados de su libertad por este ilícito.

Dirigentes del Consejo Cannábico Nacional sostienen que la decisión del Senado de realizar hasta septiembre la discusión para ratificar la referida Ley Federal, aprobada por los diputados en marzo pasado, con el argumento de que existen inconsistencias en la normativa, acentuará el control del narcotráfico sobre el comercio legal y prolongará el sufrimiento de 18 mil reos detenidos por portaciones mínimas de cannabis.

“Es un retroceso y pérdida de tiempo para México quien como nación no avanza en la materia pues quedaría sin regulación el cannabis industrial impidiendo su desarrollo en el país”, puntualizaron Silvia Guillen, Presidenta Nacional y Alfredo Neme Martínez Representante en el extranjero del CCN, quienes admitieron que si bien la Ley es contradictoria y continua criminalizando aún podría aprobarse en tiempos legislativos e ir trabajando en adecuaciones posteriores, por lo que hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no aceptar prórrogas y obligar a los Senadores a cumplir con sus labores legislativas.

Puntualizaron que es muy importante corregir las inconsistencias, pero que lo es más el contar con una regulación que comience por reparar los daños colaterales provocados por más de cien años de políticas prohibicionistas que han resultado en una crisis de seguridad pública nacional y especialmente liberar el cannabis industrial. Tanto la propuesta de ley, como la ley de cannabis medicinal y su reglamento recién publicado, forma parte de un sistema que criminaliza y trata a los ciudadanos como menores de edad.

Afirmaron que el prohibicionismo y su aplicación coercitiva sólo se entiende por los intereses de seguir manteniendo agencias de investigación y procuración de justicia, cuerpos policiacos y castrenses, protección de interese en el sistema penitenciario y en la industria armamentista, además de proteger los intereses de la industria farmacéutica al controlar el mercado legal de sustancias psicoactivas. “La producción y la industria no debe ser controlada a modo por intereses económicos de cabilderos e industrias tabacalera o farmacéutica; es momento de incluir las opiniones de todos los sectores con el fin de que la industria del cannabis genere empleos y se cierre a la clandestinidad”.

Destacaron el gran potencial del cannabis legal como generador de empleos de tal suerte que el uso industria y el uso lúdico o adulto es una oportunidad real con gran mercado. “Debemos ser más eficientes que el mercado negro y el mercado gris para garantizar el acceso de todo individuo a estupefacientes y sustancias psicotrópicas para usos médicos y científicos; y garantizar la legalidad para producir, transformar, comercializar y consumir para uso industrial y uso adulto”.

Ratificaron que la no promulgación de la referida Ley mantendrá el costo a los ciudadanos de mantener encarcelados a los 18 mil reos, considerando que cada uno le cuesta al sistema penitenciario alrededor de 3,500 pesos por día, pero ahora se elevará a más de mil 800 millones de pesos por mes.

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